Apuñalados dos vigilantes de seguridad en la estación de Sants de Barcelona

Los apuñalamientos sufridos por dos vigilantes en la estación de Sants de Barcelona se une a la escalada de agresiones sufridas por la seguridad privada en el territorio nacional desde el inicio de la pandemia.

UGT vuelve a instar nuevamente al Gobierno y en este caso a la operadora ADIF a instaurar medidas suficientes de autoprotección de obligado cumplimiento para las empresas en el desarrollo de este tipo de servicios.

La obligación de portar mascarillas por parte de la ciudadanía, el cumplimento de mantener las distancias unido a la labor a realizar por la seguridad privada de hacer cumplir dichas medidas de seguridad en general ha aumentado las agresiones que ya venía sufriendo el personal de seguridad y que desde el inicio de la pandemia se han visto incrementadas en número a lo largo del territorio nacional.

Esta situación recoge una mayor relevancia en lo concerniente al transporte en general. Metro, Renfe, Adif, sitúan unos índices de agresiones que desde UGT se ha venido reclamando deben ser abordados con la suficiente celeridad tanto por las empresas como por los propios clientes, obligándose ambos a dotar al personal de, suficientes y obligatorias para las empresas, medidas de protección durante el ejercicio de sus funciones, que además debe venir unido a que el Gobierno Central aborde sin más dilación el Reglamento de Seguridad Privada.

Avanzar en una mayor protección jurídica para la seguridad privada, obligar a dotar al personal de guantes, chalecos, incluso la posibilidad de introducir microcámaras, son elementos que desde el Sindicato dentro de la campaña “A MI QUIEN ME PROTEGE” han sido trasladas tanto al Ministro Marlaska como a principales clientes de seguridad del sector, que siguen sin facilitar una solución definitiva a un problema que va en aumento y de cuyos resultados son responsables directos por propia pasividad.

La seguridad privada en España sitúa su actividad en la protección de instalaciones denominadas de pública concurrencia con el objetivo inequívoco de garantizar una mayor seguridad al conjunto de la ciudadanía que habitualmente concurre en estos lugares. Lo ocurrido hoy en Sants se une a constantes agresiones que en su conjunto reafirman la falta de compromiso por parte de las instituciones, empresas y propios clientes con el personal de seguridad privada y su actividad diaria.

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