Patronal y sindicatos representativos del sector inician la negociación del convenio estatal que afecta a las condiciones laborales, sociales y económicas de 84.000 trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

Las asociaciones empresariales APROSER y ASECOPS, conjuntamente con los sindicatos UGT, CCOO, USO, ELA y CIG constituyen la mesa negociadora que afronta una negociación colectiva ante la finalización de la vigencia del convenio actual que expira en el mes de diciembre del presente año.

Desde el Sindicato de Seguridad Privada de UGT, mayoritario en el sector con el 43,76% de representación en la Mesa, se apuesta abiertamente por unos objetivos que deben ser irrenunciables.

Es fundamental situar con claridad el momento de la negociación, con la crisis sanitaria y económica por la que está atravesando el país, un contexto que pudiera incidir negativamente en la negociación colectiva. En este sentido, UGT entiende que sería un grave error que la patronal, escudada en esta realidad, pretendiera bloquear una negociación colectiva que debe abordarse con objetivos como el mantenimiento de empleo y de la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo.

Es importante para el sector mantener el convenio estatal como marco regulador, más si cabe cuando la reforma laboral sigue priorizando las negociaciones colectivas formalizadas en las empresas y que en la seguridad privada han precarizado condiciones laborales y la propia estabilidad sectorial con bajas sistemáticas en las adjudicaciones de servicios de seguridad, mermando la calidad necesaria en los mismos. En este sentido el Sindicato de Seguridad Privada de FESMC-UGT entiende como de vital importancia eliminar de la reforma laboral la prevalencia de los convenios de empresa, situando como factor prioritario los convenios sectoriales.

Sería alarmante que la patronal utilizara la negociación colectiva para fomentar políticas y estrategias basadas en la reducción de precios. Esta medida utilizada por algunas empresas durante la anterior crisis redujo los estándares de calidad de la prestación de servicios que deben ser abordados desde una apuesta clara de calidad, erradicando cualquier alternativa basada en la precariedad. Clientes privados y Administración Pública también deben aprender de errores pasados y poner en valor la seguridad que contratan para sus empresas e instalaciones públicas.

En definitiva, no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria y económica sin precedentes a través, entre otros, de instrumentos como la negociación colectiva para afrontar momentos de incertidumbre como el actual.