Al amparo de la crisis sanitaria y económica, las administraciones públicas de este país generan una contratación de seguridad privada con ciertas dudas del cumplimiento en materia laboral de las empresas y de la propia calidad de los servicios adjudicados.
Desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMC-UGT, se denuncia el comportamiento desleal por parte de Administraciones Públicas, que ya ocurría con anterioridad a la pandemia y que fruto de la crisis económica se ha visto agravado durante los últimos meses.
Para UGT resulta cuanto menos chocante establecer en los ámbitos políticos redes sociales por el empleo cuando fruto de contratos públicos sometidos a criterios estrictamente económicos se pone en riesgo empleo estable y se reducen los estándares de calidad de los propios servicios contratados desde la Administraciones Públicas.
Precisamente en materia de seguridad privada durante los últimos años ha coincidido que las empresas que más han contratado con las Administraciones Públicas posteriormente han presentado concurso dejando a miles de trabajadoras y trabajadores en el desempleo.
Todo ello debido a políticas desleales de dumping sectorial por parte de las empresas y la parálisis de la Administración y del propio Gobierno que siguen escondidos ante una situación que utiliza dinero público en contratación de servicios que no cumplen los estándares de calidad pretendidos ni garantizan el empleo y las condiciones laborales de los vigilantes adscritos a empresas de seguridad y que prestan sus servicios en instalaciones públicas.
UGT, tanto en los territorios como a nivel nacional, ha instado nuevamente, tanto a las Administraciones Públicas como al Gobierno Central, a resolver una situación que enquistada en el tiempo no garantiza el verdadero objetivo que merece el ámbito público en materia de contratación que no puede ni debe ser otro que obtener una contratación publica socialmente responsable