Los profesionales de la seguridad privada reclaman mejores salarios para afrontar el incremento de precios

A lo largo de la mañana del viernes, se  celebraron numerosas concentraciones de trabajadores y trabajadoras del sector de seguridad privada en las principales capitales de provincia del territorio nacional.

Las dificultades para avanzar en la mesa de negociación del convenio sectorial de seguridad privada, donde se deben abordar mejoras en el ámbito salarial para dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los profesionales del sector a causa de la inflación de precios, motivan el conflicto y la movilización. Un conflicto que surge ante el inmovilismo de unos representantes empresariales enquistados en posiciones desfasadas que no se corresponden con la realidad económica y social que vive este país y que sufren sus trabajadores».

El secretario federal del Sector de Seguridad Privada de FeSMC-UGT, Diego Giráldez, que ha estado presente en la concentración de Madrid, ha expresado su malestar al afirmar que «clientes privados y administración pública son cómplices de un modelo de sector que está compitiendo en precios a costa del salario de los trabajadores. Las patronales del sector se escudan en CEOE y en la negociación al máximo nivel con los sindicatos para negarse a cualquier mejora salarial en el ámbito sectorial», ha denunciado el máximo responsable del sector en UGT.

Un modelo de contratación que precariza el sector

Los profesionales del sector de seguridad privada siguen sufriendo las consecuencias de un modelo de contratación pública que sólo contempla el precio más barato, lo que ha llevado a muchas empresas no sólo a tirar los precios -fomentando así la competencia desleal en el sector- sino a hacerlo a costa del poder adquisitivo de las personas trabajadoras que, a día de hoy, están inmersas en una tendencia de empobrecimiento salarial que parece no tener freno.

Esa política de precios está impactando en la seguridad de los propios trabajadores y trabajadoras durante el desempeño de su profesión y en la calidad del servicio prestado. En este sentido, parece que quien debiera ser ejemplo y referente de buena praxis en la contratación de servicios, el sector público, es todo lo contrario.

En este sentido, Giráldez ha asegurado que «seguiremos presionando al Gobierno para que tome decisiones de cara a un cambio de modelo de sector en el que se prime la calidad del servicio y no la precarización de las condiciones laborales para competir tirando precios».

Además de la urgencia del aspecto salarial y de modelo de contratación, el nuevo convenio debe contemplar compromisos firmes en la adaptación de las nuevas tecnologías al sector, la jubilación anticipada, el contrato de relevo y la formación profesional.

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