Máxima preocupación ante el futuro laboral de las Sociedades de Prevención vendidas de forma obligada

En estos días se está decidiendo por las respectivas Juntas Directivas de las Mutuas la venta de las participaciones sociales que representan el 100% del capital social de sus Sociedades de Prevención (10.000 trabajadores). Estas decisiones están siendo en la mayoría de las ocasiones ratificadas más tarde por la Junta General de Empresarios asociados a cada Mutua.

El posicionamiento de FeS-UGT es el de optar por la empresa que sea más garantista con el empleo y las condiciones actuales de la plantilla, así como para la continuidad a medio y largo plazo de la actividad de prevención para la que dichas empresas se constituyeron.

Sin entrar al resto de criterios que están siendo tomados en cuenta por las Juntas Directivas para tomar su decisión, expresamos nuestras dudas respecto de algunas decisiones, entendiendo que al formar parte del patrimonio privativo propiedad de todos los empresarios asociados, nosotros únicamente podíamos entrar por las implicaciones que esta decisión tiene para la plantilla de ambas entidades, apoyándonos para su defensa en todos los argumentos posibles.

Por ello, desde FeS-UGT exigimos un compromiso garantista con el empleo para los trabajadores de las Sociedades de Prevención vendidas, los cuales han sido asumidos por los adquirientes en la mayoría de los procesos y garantizamos que pelearemos desde hoy para garantizar al 100% los puestos de trabajo y sus actuales condiciones para el personal de las Sociedades de Prevención que pueda verse afectado por estas decisiones.

En FeS-UGT, requerimos de todas las empresas que han adquirido las respectivas Sociedades de Prevención se reúnan de forma urgente con las Secciones Sindicales de dichas empresas, para explicar las decisiones tomadas y deshacer las inquietudes que respecto al futuro de los trabajadores y proyectos empresariales respectivos pudieran ocasionarse en los próximos días.

Igualmente recordamos que desde FeS-UGT, nos hemos opuesto desde un primer momento a la venta, manteniendo una postura contraria a la misma durante todo el proceso de tramitación de la Ley de Mutuas, que finalmente ha obligado a vender antes del 31 de marzo de este año.

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