UGT ha solicitado a Adif que incluya en sus contratos cláusulas que garanticen la adjudicación de la seguridad en instalaciones ferroviarias con criterios de calidad y de respeto a las condiciones laborales.

El pasado 6 de abril de 2017 quedaba cerrado el plazo de presentación de ofertas para la licitación por Procedimiento Restringido del contrato “Servicio de vigilancia y seguridad para el periodo 2017-2018 (en 6 lotes)” de Adif.

UGT ha solicitado en numerosas ocasiones a la Dirección de Adif que defina en los pliegos de condiciones de sus contratos cláusulas que garanticen la adjudicación de la seguridad en instalaciones ferroviarias mediante criterios de calidad y de respeto a las condiciones laborales de los trabajadores, evitando valoraciones exclusivamente ligadas al precio más bajo, que abonan el terreno para la entrada de empresas de alto riesgo, incumplidoras y defraudadoras, que ponen en peligro la seguridad de las instalaciones y de sus usuarios.

En este sentido, conviene recordar la reciente impugnación que llevó a cabo Acosepri (Asociación de Compañías de Seguridad Privada) en el concurso para la adjudicación de servicios de seguridad de Adif, lo que generó incidencias en el desarrollo del proceso.

Nuestra Organización ya advirtió, en su momento, que dicha impugnación formaba parte de una maniobra promovida por la citada asociación empresarial tras la cual se ocultaban intereses puramente empresariales que buscaban un enriquecimiento inmediato a costa del dinero público y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras encargados de garantizar la seguridad en instalaciones de transporte ferroviario especialmente sensibles.

Ejemplos recientes ha tenido el administrador de infraestructuras ferroviarias para conocer las consecuencias de contratar el servicio de seguridad con empresas de dudosa solvencia. Están cercanos los casos en los que Adif se vio obligado a readjudicar servicios asignados,  inicialmente, a empresas como Falcon o LPM, que cerraron tras meses de impagos a sus trabajadores.

Por ello, solicitamos a la Dirección de Adif que sea intransigente con modelos empresariales como los de Seguridad Integral Canaria, Marsegur o Sinergias de Vigilancia y Seguridad, compañías situadas en el entorno del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, que instrumentalizan a la asociación Acosepri para el expolio del sector de la seguridad privada.