Las Administraciones Públicas contratan, a través de empresas privadas, a un número importante de vigilantes de seguridad en la protección de sus instalaciones que además están consideradas como de alto riesgo.

Metro de Madrid, Ministerio de Defensa, centros de refugiados, centros de menores, Adif, Renfe y TVE, son sólo un ejemplo de instalaciones custodiadas por vigilante de seguridad para las que el Gobierno tiene como única argumentación de adjudicación a las empresas privadas de seguridad la oferta económica más baja.

La situación descrita conlleva que las mencionadas empresas no abonen las nóminas a sus trabajadores y trabajadoras, así como propiciar una estrategia empresarial de continuos fraudes a la Tesorería de Hacienda y de la Seguridad Social.

Esta situación deja en una absoluta indefensión a los trabajadores y trabajadoras del sector, y no garantiza una correcta y adecuada seguridad para la ciudadanía.

UGT ha solicitado reuniones con el Ministro de Interior y la Ministra de Empleo y Seguridad Social para abordar, con rigor, un modelo de gestión de seguridad privada que garantice la calidad en el empleo y los servicios a prestar.

De igual manera, UGT ha solicitado de los grupos parlamentarios la inclusión de la responsabilidad subsidiaria para los adjudicadores de los servicios de seguridad en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.