UGT ha solicitado al Ministerio de Interior reabrir el debate sobre el modelo de seguridad privada instaurado en España que deja en total indefensión a los vigilantes de seguridad privada ante la complacencia de empresas, clientes y el propio Ministerio.
El Sector Federal de Seguridad Privada de FESMC-UGT vuelve a poner en duda el modelo de seguridad privada desarrollado en nuestro país, basado en los bajos precios de adjudicación y en la proliferación de empresas de seguridad privada que en convivencia con la propia administración rebajan los estándares de calidad dejando en total indefensión a los vigilantes de seguridad que diariamente son agredidos por el simple hecho de realizar su trabajo.
La agresión sufrida en Igualada donde ha sido apuñalado un vigilante de seguridad se suma a una larga lista de agresiones que periódicamente sufren los vigilantes de seguridad en los lugares públicos donde ejercen su labor, transportes, centros hospitalarios, grandes superficies, etc constituyen lugares donde los vigilantes de seguridad ejercen su labor de proteger las instalaciones y por ende la de los ciudadanos y ciudadanas que usan este tipo de instalaciones.
En las mencionadas instalaciones concurre un denominador común, los continuos recortes en los precios de adjudicación para la realización de este tipo de servicios unida a la desfachatez de un tejido empresarial instaurado en el sector cuyo único objetivo es hinchar las facturaciones en sus empresas con absoluto desprecio hacia las mínimas medidas de autoprotección para el personal de seguridad privada.
El propio Ministerio de Interior aparece como cómplice necesario por la impasividad demostrada, al no abordar un Reglamento que incorpore mayor protección jurídica para el personal de seguridad y obligue, por Ley, a las empresas y usuarios a dotar de medios de autoprotección y número de vigilantes suficientes en determinados servicios.
UGT lleva tiempo insistiendo a los responsables políticos en la necesidad de iniciar un necesario cambio de modelo en la seguridad privada en nuestro país, que debe abordar tanto el precio de adjudicación de los servicios de seguridad privada, como una mayor protección a los vigilantes, así como avanzar en criterios de calidad en contra de los bajos precios de adjudicación de servicios.