El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en Resolución de 29 de diciembre de 2014, ha desarrollado la Ley de Presupuestos Generales del Estado en referencia al abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 sustraída a los trabajadores/as públicos.

Continuando con sus miserias, el Gobierno, decide abonar exclusivamente 44 días por año (de los 183 que realmente corresponderían) de la paga sustraída, o bien, el 24,04% para aquellos trabajadores/as que no tengan paga extraordinaria y les fue usurpada una catorceava parte del total de sus ingresos anuales.

La devolución se llevará a cabo bajo el concepto ‘Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012’ y se realizará en la nómina ordinaria del mes de enero, o en la primera nómina en que sea posible en los casos de ‘aquellos empleados para los que la habilitación responsable no disponga de la totalidad de los elementos formales previstos’.

En el supuesto de organismos públicos extinguidos con posterioridad a 2012 (por ejemplo, FEVE) o cambios de destino, la habilitación responsable explicada en el párrafo anterior corresponderá a la entidad u organismo que hubiera sucedido al organismo extinguido.

En situaciones distintas de servicio activo o asimiladas, por jubilación o cualquier otra causa, el trabajador/a tendrá que realizar una petición previa al órgano de dirección de personal del organismo correspondiente, con el impreso oficial que podéis encontrar en el siguiente enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf

En el caso de que el trabajador/a haya fallecido, a la entrada en vigor de la Ley, la petición deberán realizarla los herederos utilizando el mismo impreso oficial ante el organismo correspondiente.

Desde UGT consideramos que esta medida del Gobierno, puramente electoralista y miserable, no es suficiente. Como ya dijimos en nuestro Comunicado 132 del pasado 30 de diciembre, exigimos la devolución íntegra de esta paga extraordinaria en el marco de una reivindicación mayor: la recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de las congelaciones salariales de los últimos años.