Desde la firma de los Convenios del Grupo RENFE y de ADIF/ADIF Alta Velocidad los pasados 17 y 18 de diciembre, respectivamente, aún no han obtenido el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Desde UGT consideramos que ambos convenios deben ser autorizados sin demora. Si bien la labor de control y supervisión de la Administración tiene su lógica y sus plazos, ésta no debe dejar la mínima sospecha a las partes firmantes, que esperamos desde hace casi dos meses la aprobación y cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

No obstante, solicitamos a las empresas que hagan efectiva la regularización en materia económica derivada de los convenios, así como la aplicación de los beneficios firmados en materia de títulos de transporte. Sobre este último aspecto, ¿cómo pretenden cumplir la retroactividad? Recordemos que el derecho a los beneficios de título de transporte debía serlo desde el 1 de enero, y cada día que pasa tiene un coste para los ferroviarios/as.

La presión y vigilancia pseudopolicial a la que están sometidas las empresas públicas desde que el Partido Popular llegó al Gobierno hace que todos los acuerdos pasen por dicho Ministerio, incluso los firmados con anterioridad a su llegada, pareciendo buscar indicios que incurran en quién sabe qué tipo de delitos. Quizás consideren un escándalo las mejoras salariales y/o sociales de los trabajadores/as del sector público.

Desde UGT esperamos que agilicen el exhaustivo proceso de control y reserven sus esfuerzos para los que sí cometen delitos financieros y económicos.