Ya ha pasado casi una década desde que en el verano de 2007 estalló una crisis económica que rápidamente alcanzó escala global. Lo que empezó siendo un problema de origen financiero ligado a actitudes especulativas de las élites, se ha convertido en una profunda crisis social y laboral cuyas consecuencias sufren los trabajadores/as y las clases más desfavorecidas. Y es que la crisis ha sido enarbolada por las clases dirigentes como excusa permanente para llevar a cabo políticas de corte ideológico a favor de unos pocos y en contra de la gran mayoría de la población. Amparándose en las políticas regresivas que llegan desde Bruselas, el Gobierno (hoy en funciones) ha llevado a cabo recortes en políticas sociales, laborales y en libertades que se han traducido en mayor desigualdad, precariedad y déficit democrático, trasladándonos a tiempos pretéritos que teníamos ya olvidados.
Mucha ha sido la legislación impuesta en contra de la mayoría, pero si ha habido una especialmente lesiva para los intereses de los trabajadores/as, ésa ha sido la reforma laboral. Con ella, no sólo no han mejorado los niveles escandalosos de paro, que continúa siendo alarmante, sino que ha conseguido perjudicar notablemente la negociación colectiva, dejando en manos de las empresas la posibilidad de tomar medidas unilaterales en contra de los intereses de los trabajadores/as. En consecuencia, la precarización de las condiciones laborales y económicas es un hecho consumado, habiendo provocado en la práctica un trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital.
Con esta situación, el sector ferroviario también se ha visto afectado por las políticas de recortes, si bien es cierto que la posición firme de los sindicatos de clase, como el Sector Ferroviario de UGT, han contribuido a paliar una situación que se preveía ostensiblemente más dura.
Al consabido ataque llevado a cabo contra los empleados/as de las empresas públicas, provocando congelaciones salariales, disminuciones en las plantillas y la sustracción de una paga extra en 2012 cuya devolución a plazos está siendo claramente utilizada de manera electoralista, hay que sumarle los recortes llevados a cabo por el Gobierno, convertidos en reducción de presupuestos para las empresas matrices, suponiendo ajustes económicos en la contratación, y derivando en devaluaciones salariales y destrucción de empleo cuyos principales damnificados han sido los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas por ADIF y el Grupo RENFE.
Por ello, desde UGT reclamamos un cambio en las políticas que reviertan los recortes en derechos y empleo, traduciéndose en la creación de puestos de trabajo estables y de calidad como única salida real hacia una recuperación económica más justa e igualitaria. Por último, desde UGT animamos a todos/as los trabajadores/as a participar en las manifestaciones programadas por todo el territorio, cuyo recorrido y horario podréis encontrar aquí.