Esta mañana se ha reunido el CGE con la Dirección de Personas de ADIF en un nuevo intento por consensuar las bases de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público 2017/2018. A pesar de la existencia de pequeños avances, la Dirección ha vuelto a dejar clara su postura y, sobre todo, su incapacidad para alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Básicamente, los mismos problemas que habíamos incluido en nuestras alegaciones, y que os detallamos en nuestro Comunicado 62.18, permanecen en el documento definitivo:

• Siguen suprimiendo los méritos por habilitaciones.
• El número de plazas ofertadas para Cuadros Técnicos sigue siendo desproporcionado, además de contar en la actualidad con personal activo que tienen los mismos perfiles que los solicitados, y que esta Dirección parece desconocer. Asimismo, dejan sin cubrir un volumen importante de puestos entre el personal operativo, siendo éstos más necesarios en la actualidad, fundamentalmente en aquellas áreas que cuentan con mayor número de externalizaciones, como en los casos de Infraestructura y Servicios Logísticos.
• A fecha de hoy, continúan sin dar respuesta a la mayoría de las alegaciones y propuestas de la parte social, obviando las necesidades de los trabajadores y de la empresa, sin resolver preguntas claves como los méritos definitivos que se van asignar, la realidad de la “experiencia relacionada con el puesto” que solicitan en algunos casos, y, sobre todo, ¿quién valorará cuestiones tan subjetivas? (ver nuestro Comunicado 58.18).
• La prueba de inglés y los test psicométricos siguen siendo eliminatorios, a diferencia de lo solicitado por UGT que las consideramos valorables, pero no eliminatorias.
• El importe de las tasas de examen es excesivo, pudiendo provocar que posibles aspirantes con una situación económica delicada, no puedan acceder al examen.
• Los temarios, aunque se han reducido en parte, siguen siendo demasiado extensos para el corto plazo que la empresa prevé entre la publicación y la realización de las pruebas. Además, seguimos desconociendo los conocimientos específicos que se van a solicitar en función de cada plaza.
• Igualmente, los requisitos solicitados para acceder a la plaza de ayudante ferroviario son desproporcionados, sin que la empresa lo haya rectificado hasta la fecha. Además, no recogen las titulaciones de Técnico Superior en Electricidad y Electrónica, que sí consideramos apropiadas al existir actualmente contratos de relevo con dicha titulación.
• A pesar de todo lo anterior, no se garantiza que un aspirante pueda presentarse a varios puestos, cumpliendo los requisitos, al existir la posibilidad de que las pruebas sean realizadas simultáneamente. No obstante, sí obligan al pago de las tasas por cada especialidad solicitada.

Desde UGT, entendemos que las Ofertas de Empleo Público en ADIF son necesarias como medio más efectivo para facilitar el relevo generacional de la plantilla, además de promover el empleo estable y de calidad para los nuevos ingresos. No obstante, entendemos que el número de plazas ofertadas, derivadas de las raquíticas tasas de reposición que se vienen aplicando, no son suficientes para garantizar ambos supuestos.

Que la Dirección de la empresa no quiera escuchar las propuestas de las parte social encaminadas a mejorar y solventar estas cuestiones, sólo pone en evidencia su miopía y dejadez para identificar las necesidades reales de los puestos en el seno de la empresa, pudiendo provocar con ello nefastas consecuencias en el futuro para su viabilidad y, por lo tanto, para la estabilidad y calidad del empleo.

Por ello, nos llama poderosamente la atención que esta Dirección insista en su actitud prepotente, y en los errores de gestión a los que nos tienen acostumbrados, anunciando la publicación definitiva de las bases en un “breve plazo”, determinado por las prisas y la falta de consenso con el CGE que ha rechazado el documento por unanimidad.

En consecuencia, desde UGT vamos a vigilar que las bases definitivas de la convocatoria cumplan con la legalidad vigente, manteniendo el compromiso adquirido con la plantilla de actuar en defensa de los trabajadores que actualmente tienen contrato en vigor, y de aquellos que objetivamente forman parte del sector ferroviario.