En la última reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Dirección General de Explotación y Construcción en el área de Infraestructura, asistimos a una situación sin precedentes. Con la excusa de modificar el Procedimiento General de ADIF para Cortes de Tensión en Líneas Aéreas de Contacto de 25 Kv, 3 Kv y 1,5 Kv, los responsables de ADIF se plegaron a las presiones de los gestores de la producción, al tomar decisiones unilaterales al margen de la negociación colectiva, tendentes a favorecer que las empresas privadas puedan realizar cortes de tensión eléctrica. Con ello, consideramos que realizan una dejación de sus funciones en materia de prevención, olvidando que la seguridad tiene el mismo rango que la producción y, en caso de conflicto de intereses, debe primar la seguridad de los trabajadores.
No obstante, este intento de las empresas por debilitar progresivamente los niveles de seguridad son el correlato de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que, en su desafortunada actuación, rechazó las alegaciones enviadas por UGT el 14 de enero de 2016 en contra de la creación del Piloto de Seguridad Habilitado contenidas en el Reglamento de Circulación Ferroviaria, como obra en su escrito de contestación del 4 de noviembre del mismo año (adjuntamos ambos documentos).
Desde UGT nos oponemos a rebajar los niveles de protección de los trabajadores con riesgo de alta tensión, de manera específica en cuanto a la definición de ‘tajo’, y defendemos que todo corte de vía cuente con los agentes cualificados de ADIF, que se materializan normativamente mediante la figura del Encargado de trabajos.
Asimismo, consideramos que los trabajadores de ADIF no pueden sustituirse por nuevas figuras privadas destinadas a aparentar pseudoseguridad, siendo éstos quienes cuentan con la habilitación profesional, conocimientos y experiencia que les convierte en el mejor elemento de protección y seguridad en los ‘tajos’.
Tampoco es válida la pretensión empresarial de reinterpretar las normas generales de seguridad a conveniencia de las diferentes jefaturas. Una empresa seria y solvente no puede permitirse que la seguridad se venda al mejor postor territorial según las conveniencias de los gestores de turno.
En definitiva, en UGT consideramos lamentable que una empresa pública del reconocido prestigio en seguridad como ADIF, especialmente en lo relativo a la alta tensión, se deje llevar por la indolencia en el ejercicio de sus responsabilidades y se doblegue ante los intereses de la empresa privada que progresivamente va colonizando sectores de actividad propios de la empresa pública, imponiendo además sus reducidos criterios de seguridad en connivencia con los gestores de ADIF. El resultado es la disminución de los niveles de seguridad de los trabajadores y de la circulación, desprofesionalización de la actividad ferroviaria, despreciando la negociación y participación colectiva. En consecuencia, tomaremos las medidas necesarias para revertir una situación caótica, que daña la seguridad y salud de los trabajadores, así como el prestigio de la empresa pública.