La Agencia Química Europea (ECHA) ha calificado el Bisfenol A (BPA) como un contaminante disruptor endocrino que altera la capacidad estrógena al unirse selectivamente a los receptores hormonales lo que, entre otros efectos, puede perjudicar a la fertilidad, irritar las vías respiratorias, provocar lesiones oculares graves y producir reacciones alérgicas a los trabajadores que con él entren en contacto.

Igualmente, el reglamento 2016/2235 de la Comisión Europea ha reconocido todos estos efectos negativos para la salud de los trabajadores, regulando la prohibición del papel térmico que contenga esta sustancia con una concentración igual o superior al 0,02% en peso, a partir de enero de 2020.

Con el fin de determinar si existen riesgos para la salud de los trabajadores, desde UGT hemos dado los pasos necesarios solicitando a la empresa la ficha técnica del papel térmico que utilizamos en los TPV, arrojando resultados positivos tras detectar el BPA como sustancia compositiva de ese papel térmico.

En base a ello, desde UGT remitimos un escrito a la Dirección de la empresa poniendo de manifiesto el riesgo para la salud de los trabajadores y solicitando el cambio de proveedor así como la retirada de las existencias actuales que contienen el contaminante.

La empresa por su parte, ha reconocido la existencia de la sustancia y nos comunica que ha comenzado las conversaciones con el proveedor para poner solución a la situación, en caso de que Ferrovial continúe siendo la adjudicataria de los servicios a partir de diciembre de 2019, basándose en que la prohibición no entra en vigor hasta enero de 2020.

Desde UGT valoramos la predisposición de la empresa a buscar soluciones ante el problema de salud de los trabajadores, pero no comprendemos que, tras el reconocimiento explícito de la existencia de dicha sustancia, la empresa opte por esperar a hacer efectiva la normativa, manteniendo en el tiempo el riesgo para la salud de los trabajadores.

Asimismo, consideramos que, ante esta situación, cualquier empresa responsable actuaría de inmediato dispensando la debida protección a sus trabajadores dado el peligro que supone un contaminante peligroso e internacionalmente reconocido, favoreciendo la seguridad y salud de la plantilla pero también la imagen de la propia empresa como agente impulsor de esa seguridad y salud en el ámbito ferroviario. Sin embargo, una vez más, optan por anteponer sus incomprensibles intereses al bienestar de los trabajadores.