Ayer, 30 de marzo, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y en el que se incluyen medidas y ayudas a los diferentes sectores de actividad y económicos que se están viendo afectados por motivo de la guerra, las sanciones impuestas a Rusia y el incremento del precio de la energía, principalmente de los hidrocarburos.
Nos llama la atención que, ya en la exposición de motivos, el texto reconoce el carácter esencial del transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, para conseguir una movilidad “al servicio de todos los ciudadanos que garantice la equidad social en el conjunto del territorio”, así como su papel fundamental para alcanzar la sostenibilidad en la cadena de transporte y los objetivos planteados de cambio modal hacia el ferrocarril y, por tanto, la imprescindible descarbonización de la economía.
Asimismo, hace referencia a la necesidad de adoptar las “medidas necesarias que permitan continuar con el proceso de liberalización del sector ferroviario en un marco competitivo que no se vea distorsionado por ineficiencias en la estructura de costes de los distintos agentes implicados”.
A pesar que desde el Sector Federal Ferroviario de UGT siempre nos hemos posicionado en contra de la liberalización del sector ferroviario por considerar que se trata de un sector de transporte estratégico que debe tener control y titularidad públicas, no podemos olvidar que el transporte de mercancías por ferrocarril se encuentra liberalizado desde 2005, por lo que existe la competencia entre empresas ferroviarias de titularidad privada con la empresa de titularidad pública RENFE Mercancías SME, S.A., sociedad perteneciente al Grupo RENFE.
Sin embargo, en el R.D.-Ley 6/2022, se recoge, en su artículo 27, la concesión de una línea de ayudas directas a las empresas ferroviarias privadas afectadas por la subida de los precios de los carburantes y la energía de tracción, lo que excluye a RENFE Mercancías, empresa de titularidad pública y en competencia directa con las empresas de titularidad privada, de la posibilidad de beneficiarse de esas ayudas. En consecuencia, el Gobierno establece las bases para quebrantar los principios de equidad y libre competencia, regando con dinero público a las empresas privadas en perjuicio de la única empresa de titularidad pública que opera en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril.
Desde UGT, consideramos que es el planteamiento de la propia medida lo que establece la distorsión del marco competitivo que dicen querer evitar, disponiendo una receta al más puro estilo neoliberal: utilizar los fondos públicos en beneficio de lo privado y en perjuicio lo público.
No obstante, consideramos que estamos a tiempo de poder reconducir la situación, si el Gobierno nos escucha y tiene voluntad por cumplir aquello que dice defender. Por ello, hoy hemos enviado sendas cartas dirigidas al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (se adjunta al Comunicado), instando a las ministras a introducir las enmiendas necesarias durante el trámite parlamentario del R.D.-Ley, que modifiquen el artículo 27 para permitir el acceso a las ayudas a la empresa pública RENFE Mercancías, SME, S.A. en las mismas condiciones que las empresas privadas con las que compite y, por tanto, promover la igualdad de condiciones y libre competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril.
Esperemos que el Gobierno tenga la voluntad necesaria para corregir la situación y establezca los cambios oportunos. De lo contrario, rememoraremos crisis recientes, con la consabida máxima de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas, pero, esta vez, realizado por un Gobierno que se supone de corte progresista.