La Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), a cuya estructura sindical competen empresas públicas o en las que el Estado tiene una participación mayoritaria, especialmente en el ámbito de los transportes (Grupo RENFE, ADIF, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, transporte urbano -metros y EMTs-, Paradores de Turismo…), se suma a la petición que las organizaciones sindicales de la Función Pública -entre las que se encuentra la Federación de Servicios Públicos de la propia UGT- para que se convoque Mesa General de Negociación de Función Pública y pueda empezarse a negociar un nuevo Acuerdo Marco que se adecúe al difícil contexto económico y social que vivimos.
En este sentido, FeSMC-UGT ya viene defendiendo en todos sus sectores de actividad, vinculados a los servicios privados, la necesidad de incrementar salarios a través de la negociación colectiva -incluyendo cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC- para evitar, al menos, la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y trabajadores en los próximos tres años a causa de una inflación disparada (del 10,2% en el mes de junio) que, según datos estadísticos del Ministerio de Trabajo publicados esta semana, supone que los sueldos han subido 2,45% de media hasta junio, ocho puntos menos que los precios.
«Otoño caliente»
Esta situación es insostenible para todos los trabajadores y las trabajadoras de este país, también para aquellos que trabajan en empresas públicas. Por tanto, desde FeSMC-UGT pedimos al Gobierno que en la negociación de un necesario y urgente pacto plurianual en materia salarial, entre otras, para la Función Pública se cuente, como no podía ser de otro modo, con todos los profesionales de las empresas públicas que, como hemos señalado anteriormente, tienen actividad en sectores vinculados a los servicios, la movilidad o el turismo, entre otros.
Sin duda, el ambiente de “otoño caliente” que empieza a vislumbrarse en el horizonte afectará, además, al sector público que junto al sector privado -donde aún no se ha podido alcanzar un acuerdo de cara al llamado “pacto de rentas” entre CEOE y sindicatos- terminarán confluyendo en un estado de movilización general ante la pasividad de administraciones públicas y asociaciones empresariales que parecen no querer entender la imperiosa necesidad de mejorar y garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de este país en un escenario complejo y con altas dosis de incertidumbre económica y social.