El pasado 19 de octubre, el Gobierno de España y los sindicatos UGT y CCOO alcanzaron el ‘Acuerdo marco para una administración del Siglo XXI’, el cual fue publicado en el BOE como Resolución del 14 de noviembre. En el mismo, se recogen aspectos fundamentales que afectan a las trabajadoras y trabajadores públicos, ya sea por pertenecer a la Administración General del Estado o, o bien a cualquiera de las Empresas o Entidades Públicas Empresariales, entre los cuales se encuentra la negociación colectiva para la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales en cómputo anual.
Como sindicato firmante de dicho acuerdo, el pasado 19 de diciembre de 2022, remitimos una carta a la Dirección General de Personas, en la que le instamos a que “con carácter urgente nos convoque a una reunión que permita abordar la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales en cómputo anual para todo el personal de ADIF y ADIF Alta Velocidad, así como a establecer las herramientas necesarias que permitan la negociación y aplicación del resto de las cláusulas que afecten a las empresas públicas” (Comunicado 115.22).
Desde entonces, y fieles a nuestra filosofía de tratar de dar una solución a los problemas por la vía de la negociación, no hemos cejado en nuestro empeño de cerrar un acuerdo para la implementación de la jornada laboral de 35 horas, siendo el argumento de la empresa la necesidad de contar con la autorización del Ministerio de Hacienda para su implementación.
Pues bien, esta disculpa de mal pagador se vio cercenada la semana pasada con la autorización explícita del Ministerio de Hacienda para otras empresas de dicha jornada, por lo que volvimos a exigir la inmediata convocatoria para acordar la medida. La respuesta ha sido: “silencio administrativo”.
Ante ello, UGT, como uno de los dos únicos sindicatos firmantes del acuerdo con el Gobierno de España, nos vemos en la obligación de exigir por otras vías el cumplimiento de los acuerdos establecidos, razón por la cual hemos presentado una Comisión de conflictos, como trámite previo a otras medidas, que hagan a la Dirección de la empresa salir de esta situación de “pasotismo” y propicie el reconocimiento de este derecho, que fruto del trabajo exclusivo de los sindicatos de clase, y en este caso de UGT, sea disfrutado por el conjunto de las personas trabajadoras de ADIF y ADIF Alta Velocidad. En definitiva, desde UGT, seguimos y seguiremos trabajando para obtener soluciones que beneficien a las personas trabajadoras de ADIF y ADIF Alta Velocidad, dando prioridad a la negociación pero sin abandonar otras vías, si fuera necesario; eso sí, sin realizar comunicaciones que puedan confundir a la plantilla y menos si la finalidad es intentar aprovecharse del trabajo de otros.