La detección de falsos autónomos por los inspectores de Trabajo se dispara

City commuters. High key blurred image of people riding a bike in the street. Unrecognizable faces.

Regularizan diez veces más a trabajadores forzados a cotizar por cuenta propia.

a irrupción de las plataformas digitales y el abuso de la figura del trabajador asociado en cooperativas del sector cárnico han contribuido a extender en los últimos años los casos de trabajadores empujados a cotizar irregularmente como autónomos, cuando deberían hacerlo como asalariados (y por tanto, que el peso de la cuota a la Seguridad Social recayera principalmente en la empresa). Ante el avance del fenómeno, Inspección de Trabajo intensificó la cruzada contra los falsos autónomos. El último balance de los inspectores, publicada recientemente, recoge que a lo largo del 2018 ordenaron la regularización de 18.851 trabajadores, diez veces más de lo registrado en años anteriores. Así, en el 2017 apenas habían decidido encuadrar como asalariados a 1.845 cotizantes por cuenta propia.

El propio informe explica que el fuerte aumento de la cifra de trabajadores regularizados tiene que ver con que la lucha contra los falsos autónomos se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Plan Director por un Trabajo Digno. El citado plan especial fue puesto en marcha en el verano del 2018 por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez comenzara su andadura.

PSOE y Podemos proponen tratar en un nuevo estatuto los cambios en el empleo por la economía digital

La memoria de la Inspección de Trabajo destaca además que este tipo de prácticas suponen una infracotización a la Seguridad Social y un ahorro para las empresas en costes sociales. Sufren las ya maltrechas cuentas del sistema público de protección social –en los últimos cuatro ejercicios ha registrado un déficit que ronda los 18.000 millones de euros–. Y al hacer que la carga principal de las cuotas sociales sea asumida por los trabajadores, representan una competencia desleal para el resto de compañías que sí abonan las cotizaciones correspondientes.

 Un informe de UGT estima que, al hacer que los riders paguen las cuotas de autónomos y se hagan cargo de la bici, moto o furgoneta, del combustible, el seguro… plataformas como Deliveroo, Glovo, Stuart o UberEats se ahorran unos 12.000 euros anuales por cada trabajador en sueldos y cotizaciones. En total, el sindicato que dirige Josep Maria Álvarez calcula que en estas empresas los repartidores cobran hasta 92 millones de euros menos al año y la Seguridad Social deja de ingresar hasta 76 millones.

Asimismo, la inspección señala que se han centrado en las plataformas digitales ante la “existencia de trabajadores autónomos que realmente no disponen de una infraestructura empresarial, ni asumen el riesgo y ventura de la actividad desarrollada, sino que en ellos concurren las notas de laboralidad en relación con la empresa que les ha subcontratado para tal fin”. Esta batalla ha llegado con el tiempo a los tribunales, a través de demandas de trabajadores descontentos con el modelo que tratan de imponer las plataformas y de la Tesorería de la Seguridad Social para reclamar el cumplimiento de las actas de los inspectores, como se vio en el macrojuicio celebrado en Madrid, que afectaba a más de medio millar de repartidores. La posición de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo –junto a la de los sindicatos mayoritarios y asociaciones de riders – choca frontalmente con la política empresarial defendida por la mayoría de las plataformas, que consideran que sus repartidores son trabajadores independientes, libres para gestionar su actividad y, por tanto, han de cotizar como autónomos.

Plataformas digitales y cárnicas concentran las actas por fraude en el encuadre de cotización en el 2018

“La lucha contra los falsos autónomos es clave de cara al futuro, porque el empleo en las plataformas puede convertirse en una puerta a la precarización de los trabajadores”, asegura Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Sitss).

De momento, se empiezan a acumular las sentencias, con resoluciones en ambos sentidos. Por ello, los expertos consideran que, en el caso de que no se apruebe antes una nueva regulación que clarifique la situación actual, será el Tribunal Supremo el que deberá decidir si hay o no relación laboral entre el trabajador y la plataforma.

Precisamente, los cambios en el empleo a raíz del desarrollo de la economía digital es una de las cuestiones que debe acabar recogiendo el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Un marco normativo por elaborar, defendido por
el PSOE desde hace tiempo y recogido en el programa de coalición firmado hace sólo unos días con Unidas Podemos. Como primer paso, el acuerdo contempla constituir “un grupo de trabajo para
su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio del ámbito académico y profesional”.

Por su parte, Ercoreca asegura que desde el Sindicato de Inspectores no rechazan cambios en la legislación , siempre y cuando “haya mayor seguridad jurídica” para los trabajadores.

La otra pata en la lucha de la Inspección contra los falsos autónomos ha basculado en las cooperativas cárnicas. En los últimos años, los sindicatos mayoritarios han denunciado casos de fraude a la hora de utilizar la figura del cooperativismo para encuadrar a trabajadores asalariados como socios con cotización de trabajador por cuenta propia. La memoria critica el abuso del régimen de la Seguridad Social de cooperativas de trabajo asociado, para “enmascarar verdaderas relaciones laborales con la mercantil”, sin que exista “una auténtica relación societaria”. Según CC.OO., entre el 2017 y el 2018, sólo en Catalunya la Inspección de Trabajo afloró más de 7.000 falsos autónomos en este sector y levantó actas por 8 millones de euros.

A lo largo del 2018, en su lucha contra las irregularidades en el mercado laboral los inspectores afloraron un total de 117.738 empleos (un 35% más que el ejercicio anterior) y sus actuaciones culminaron en expedientes por los que reclamaron a las empresas casi 1.150 millones de euros (+22,7%).

Nuestra organización de trabajadores y trabajadoras autónomas, queremos trabajar de forma digna y con derechos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*