Esta mañana, la empresa había convocado al CGE a una reunión, previa a otra de la Comisión Negociadora para, aparentemente, continuar con la negociación de la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales, en lugar de convocar la Mesa de jornada, foro adecuado y habilitado hasta ahora para tratar ese tema.
La reunión en cuestión se ha convertido en una tomadura de pelo de la empresa hacia la Representación Legal de las Personas Trabajadoras y, por lo tanto, hacia la plantilla a la que representamos. Os recordamos que el pasado 16 de marzo, la Comisión Negociadora alcanzó un acuerdo por el que se debía aplicar la reducción de jornada a 35 horas semanales en cómputo anual, a falta de determinar el modo de implementación (Comunicado 43.23). No obstante, el acuerdo reconocía la aplicación retroactiva de la reducción desde la publicación en el BOE de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Desde entonces hasta ahora, la Mesa de jornada ha estado negociando dicha implementación sin haber alcanzado un acuerdo, hasta el pasado 29 de junio (Comunicado 75.23) cuando la empresa manifestó su disposición a negociar la reducción de jornada en días completos, como le reclamábamos desde UGT, pero que implantaría unilateralmente su modelo del “minuteo” desde el 1 de julio, que ha resultado incompatible con la actividad, por lo que no ha sido aplicado efectivamente en ningún momento.
Pues bien, esta mañana se ha puesto de manifiesto la insolvencia de la Dirección General de Personas, quien realmente ha intentado dirigir la negociación, al informar a la RLPT de que no tenían la autorización del Ministerio para aplicar el acuerdo alcanzado en marzo; es decir, ya no hablamos de la implementación de la reducción de jornada, sino de la falta de autorización para llevar a cabo dicha reducción en los términos acordados.
Según la empresa, han recibido recientemente la autorización para “el inicio de la negociación”, bajo unas premisas concretas que excluyen la retroactividad de la aplicación del acuerdo. Y desde UGT nos preguntamos ¿cómo es posible que la Dirección General de Personas de una empresa como ADIF no tenga capacidad para alcanzar acuerdos?; es más, ya que ha dejado patente esa falta de capacidad negociadora, ¿en qué momento le pareció buena idea llegar a acuerdos con la RLPT para aplicar la reducción de jornada sin tener la autorización para ello e, incluso, llegar a anunciar la implementación unilateral del “minuteo”? Con su modo de proceder únicamente pone en evidencia su nulo respeto por la plantilla que dirige y, en consecuencia, por el correcto funcionamiento de la empresa pública.
En consecuencia, desde UGT hemos reclamado a la empresa que nos informe de la fecha en la que se solicitó la autorización, así como de la fecha real en la que recibieron dicha autorización restringida para poder negociar con la RLPT la reducción e implementación de la jornada de 35 horas, ya que consideramos que el proceso negociador vivido hasta la fecha no ha sido más que una tomadura de pelo de la Dirección de ADIF que, a su vez, pone de manifiesto su propia incapacidad para dirigir la negociación.