UGT inicia acciones legales en los aeropuertos de Manises (Valencia), El Altet (Alicante), Girona y Madrid-Barajas por inaplicación del acuerdo.

El acuerdo suscrito en la Mesa de Fomento entre AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), la patronal del sector de seguridad privada APROSER y las organizaciones sindicales, recoge cláusulas que favorecen tanto las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad asignados a este tipo de servicios en infraestructuras aeroportuarias, como exigencias a las empresas adjudicatarias durante la ejecución del contrato.

Tras la aplicación del acuerdo de AENA que venía vinculado a las nuevas adjudicaciones celebradas en su mayoría en el mes de junio del presente año, sigue habiendo empresas que están realizando interpretaciones sobre el mencionado acuerdo que merman las condiciones económicas plasmadas en el mismo, de obligado cumplimiento.

Por esta razón, UGT ha iniciado acciones legales contra algunas de las empresas que operan en los aeropuertos de Manises (Valencia), El Altet (Alicante), Girona y Madrid-Barajas  que no están aplicando las mejoras plasmadas en el citado acuerdo.

¿Qué dice el acuerdo?

El acuerdo especifica claramente la incorporación de un nuevo plus vinculado al puesto de trabajo para la totalidad de vigilantes que operan en el ámbito aeroportuario.

Además, contempla otro complemento, denominado “de rotación”, que afecta a los servicios en los sistemas de radioscopia (los arcos de control de seguridad), así como la propia rotación en otros filtros de seguridad y que no se está aplicando correctamente en los aeropuertos antes citados.

UGT, como parte firmante del acuerdo de la Mesa de Fomento, ha venido insistiendo en que las empresas deben cumplir, sin excusas, con un acuerdo que conocían con anterioridad a la presentación de éstas al concurso convocado por AENA para la adjudicación de servicios de seguridad.

UGT con independencia de judicializar esta situación seguirá en conversaciones con AENA y APROSER en la idea de que éstas puedan favorecer la aplicación de una solución definitiva que garantice a los vigilantes de seguridad las percepciones económicas recogidas en el pacto.