El dato de IPC de abril constata, una vez más, la debilidad de la recuperación económica en nuestro país, a causa del persistente y elevado desempleo, la precariedad laboral y la continua devaluación de las rentas familiares. Para UGT, es urgente incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas, actualizando el IPREM y el SMI, así como aumentar la cobertura de los parados, ampliar el PAE y el Plan Prepara e implementar una prestación de ingresos mínimos. El sindicato reclama un plan de choque por el empleo de calidad que, junto a la derogación de las reformas laborales y una estrategia de Estado por la industria, posibilite un cambio de modelo productivo que genere empleo estable y con derechos y una distribución más justa de la riqueza.

Según los datos publicados  por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC acentúa su caída libre. A pesar de que la tasa mensual se situó en positivo el 0,7%, apenas una décima por encima del mes anterior, el resto de los principales resultados tiene un comportamiento de signo contrario.

La tasa anual se mantiene en negativo, y disminuye tres décimas respecto al mes anterior, hasta el -1,1%. Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se desploma cuatro décimas y se sitúa en el 0,7%, casi dos puntos por encima del IPC general, alcanzando la mayor diferencia desde julio de 2009.

Por último, la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) cae dos décimas respecto al mes de marzo, y se sitúa en el –1,2%. De este modo, el IPCA de España se sitúa un punto por debajo de la tasa media de la eurozona, que este mes también desciende una décima, hasta el -0,2%, según el dato provisional. Esto se traduce en que España lleva 31 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

Conclusiones

En España la tasa de inflación se ha desplomado, situándose muy por debajo de las previsiones de las instituciones europeas. Los precios en nuestro país reflejan un hecho: el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no llega a las familias y a los trabajadores, porque la crisis sigue enquistada en nuestro país.

Así lo reflejan los datos: casi cinco millones de trabajadores no tienen empleo, la mitad de ellos son parados de larga duración y no perciben ningún tipo de prestación, el número de hogares con todos sus miembros en paro asciende a 1.610.900 y ya hay 719.000 familias sin ningún tipo de ingresos.

La reforma laboral, junto a los recortes en el gasto público y medidas fiscales y laborales erróneas han empobrecido año tras año a los trabajadores y al conjunto de la población. Este empobrecimiento cohabita con un escenario desolador: con menos industria, menos empleo y de peor calidad, sin margen para el déficit o la deuda pública, y con un crecimiento tanto en España como en Europa extraordinariamente inestable.

En este sentido, conviene recordar el aviso de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la imposibilidad de cumplir con el objetivo del Programa de Estabilidad 2016-2019 (presentado por el gobierno en funciones) de rebajar el déficit público por debajo del 3% el próximo año si no se producen nuevos recortes de gasto público.

Por ello es urgente reorientar las políticas económicas -europeas y nacionales- con medidas fiscales expansivas que impulsen la demanda agregada, y se centren en la creación de empleo de calidad y la redistribución de la renta. Europa tiene la obligación de permitir el crecimiento de sus miembros y no ahogarlos con unos objetivos de déficit público imposibles de garantizar sin una estructura económica fuerte, que hoy por hoy no existe en nuestro país.

En España urge además crear buenos empleos y buscar fórmulas para revitalizar la industria para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad, fórmulas acompañadas de un cambio de la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los empleados públicos y los pensionistas, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. Pero también recuperando a las personas y resolviendo el grave problema de pobreza laboral y de exclusión social de las familias trabajadoras de nuestro país, que ha aflorado con la recesión económica y las políticas aplicadas desde el gobierno y las instituciones europeas.

Por eso, UGT y CCOO, conscientes de la gravedad de esta situación, estamos desarrollando una campaña de recogida de firmas para presentar el día 25 de mayo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para lograr que el Congreso de los Diputados legisle una Prestación de Ingresos Mínimos, de unos 426 euros (el 80% del IPREM), que debería complementarse en función de las cargas familiares, que beneficiaría a 2,1 millones de ciudadanos. Una prestación vinculada a la Seguridad Social y aprobada en los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, dependiente de la Administración General del Estado.

Porque la crisis y las políticas de recorte impuestas a lo largo de estos años están dejando un panorama desolador que han devaluado el mercado de trabajo y han fracturado la cohesión social, provocando una escalada sin precedentes de la desigualdad en España y una tasa insostenible de pobreza salarial y social. Y porque es de ley, porque es de justicia, y porque la economía funciona mejor cuando funciona para todos.