UGT eleva al Dialogo Social Europeo la necesidad de jubilación anticipada para el colectivo de seguridad privada en España

El Sindicato como miembro del equipo de dirección de UNI EUROPA ha trasladado a la patronal europea de seguridad privada la necesidad de abordar en España la jubilación anticipada del personal de seguridad privada en el conjunto del país.

Según declaraciones de Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada de UGT y miembro del equipo de dirección de UNI EUROPA, el Gobierno de España cometería una torpeza en no incluir al colectivo de seguridad privada en la posibilidad de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores y contrato de relevo.

Un sector con una media de edad de 54 años y que por normativa española actúa como complementario a la seguridad publica merece una especial atención por parte del Gobierno de España ya que actúa directamente sobre la propia protección de ciudadanos y ciudadanas en el conjunto del país.

Lugares de pública concurrencia, puertos, aeropuertos, centrales nucleares, traslado de efectivo, transporte urbano, traslado de explosivos, vigilancia rural en el campo, son funciones entre otras realizadas en España por vigilantes de seguridad.

Según Giráldez esta situación merece una especial atención por parte del Gobierno en cuanto a un mayor reconocimiento a la profesión realizada así como acometer una transición justa en el sector ante las nuevas tecnologías que sin duda se han implantado y seguirán en aumento en los próximos años.

El necesario rejuvenecimiento de plantillas así como la incorporación de nuevos perfiles a la profesión que serán demandados por el sector, merecen necesariamente un fortalecimiento de la formación mediante un grado de FP pero a su vez deben venir ligados hacia una jubilación anticipada para el colectivo.

El responsable de UGT además ha puesto de manifiesto las nefastas políticas de contratación de este tipo de servicios de seguridad llevadas a cabo por las administraciones públicas en nuestro país, según Giráldez, resulta lamentable que un servicio esencial como la seguridad privada sea adjudicado en España a la oferta económica más baja así como a empresas sin ningún tipo de solvencia que posteriormente dejan a las personas trabajadoras sin empleo.

Comments are closed.