El outsourcing se ha convertido en la fórmula idónea para sustituir costes fijos de personal por inferiores costes variables con empresas de servicios (Multiservicios / Servicios Auxiliares /Servicios Integrales). En su evolución, se ha producido una transición desde la externalización de actividades básicas que no forman parte de la actividad principal de la empresa a subcontratar prácticamente todas las actividades, incluidas las esenciales de su núcleo productivo. Asimismo, se ha pasado de subcontratar estas actividades con empresas especializadas a hacerlo con empresas multiservicios (EMS) que ofrecen todos los servicios inimaginables que una empresa puede necesitar, como si de una agencia de colocación se tratara, perdiendo el sentido original de la subcontratación estratégica: el incremento de la eficiencia derivada de una mayor especialización.
Las EMS aprovecharon en su nacimiento el vacío legal existente que rodea su actividad frente a la regulación normativa y convencional impuesta a las empresas de trabajo temporal, pero el impulso definitivo vino de la mano de la Reforma Laboral que trajo consigo la prioridad aplicativa del convenio de empresa, que permitió romper a la baja los convenios sectoriales. A partir de aquí, los convenios de EMS no han dejado de multiplicarse, fomentando una dinámica perversa de discriminación y de degradación de las condiciones laborales de los trabajadores.
En la actualidad, podemos estar hablando de casi 300 convenios de EMS en los que la precariedad es la tónica general: salario base que, unido a los complementos, llega de forma muy ajustada al salario mínimo interprofesional; jornadas máximas legales y con un gran porcentaje de distribución irregular de la misma; contratos temporales y/o a tiempo parcial, etc. Convenios, en definitiva, muy pobres que no aportan mejoras cualitativas de ningún tipo y que, incluso, en algunos casos, incorporan cláusulas de dudosa legalidad.
Desde nuestra Organización, llevamos luchando contra este fenómeno de explotación desde varios frentes: solicitando una urgente y necesaria reforma legislativa; sensibilizando al sector público y al sector privado; desarrollando una campaña contra las malas prácticas de las EMS; impugnando todos aquellos convenios que vulneran la legalidad vigente; presentando ante la Inspección de Trabajo una propuesta de actuación concreta, etc.
Y, como hoja de ruta sindical, FeSMC-UGT ha elaborado unos criterios y directrices a seguir en materia de negociación colectiva sectorial y empresarial. En este sentido, no promoveremos nuevos convenios colectivos de EMS en tanto no se reforme el marco legal o apliquen las condiciones sectoriales de las actividades en las que operen. Asimismo, tanto desde los convenios sectoriales como desde los convenios de las empresas principales ya nos estamos asegurando de garantizar la aplicación de lo regulado en los mismos para los trabajadores externalizados o subcontratados.
La posición sindical de FeSMC-UGT se encuentra en una doble vertiente de la búsqueda constante de equilibrios, ya que representa a los trabajadores de las EMS que legítimamente aspiran a una mejora de sus condiciones de trabajo y salir de su precariedad, con la representación de los sectores estatales de servicios que cada vez ven más a diario el abuso de este tipo de externalizaciones en sus propias empresas.
Los convenios de las EMS no constituyen un fenómeno específico y ajeno que afecta a un colectivo muy determinado de trabajadores. Lo que está en juego es toda la estructura de la negociación colectiva de nuestro país, que se está tambaleando por la prioridad aplicativa de convenios de empresa que denigran las condiciones laborales de los trabajadores echando por tierra las mejoras obtenidas tras años de negociación de convenios sectoriales fuertes y consolidados. Por ello, resulta vital afrontar esta situación que, bajo varias formas y desde varias instancias, solo pasa por una solución: la aplicación automática de los convenios sectoriales, que son los únicos capaces de homogeneizar las condiciones de trabajo.
Ver documento: análisis empresas multiservicios (actualización 2018)