Ante el Día de la Seguridad y Salud, el próximo dia 28 de abril, las más de 20.000 personas trabajadoras de los Servicios de Prevención Ajeno lo van a celebrar con el sexto año de congelación salarial de un convenio que se encuentra en ultraactividad desde final de 2018.
Esta realidad que sufren y padecen las mujeres y hombres de este sector, clave en el modelo de prevención de este país, sanitarios, técnicos, administrativos, todas ellas personas altamente preparadas y cualificadas,
Para UGT este modelo, privatizado y mercantilizado los últimos 15 años, ha arrastrado al conjunto de las empresas del sector a una fuerte competencia entre ellas, que supone altas cargas de trabajo para los y las profesionales, que son las que han seguido sosteniendo el modelo preventivo desde su compromiso, personal y profesional, con la salud y la prevención de riesgos del conjunto de personas trabajadoras, todo ello a pesar de la precarización de las condiciones laborales y de la congelación salarial por el bloqueo en la negociación del anterior Convenio.
En este sector, también la pandemia ha permitido incrementar de forma exponencial la facturación y beneficios de las grandes empresas del sector , y no por ello ha servido para impulsar un desbloqueo del marco convencional que dote de estabilidad y paz social al sector,
UGT denuncia que las patronales ASPREN, ASPA y ANEPA siguen bloqueando la negociación del Convenio sectorial, con propuestas salariales mínimas en el actual escenario inflacionista y pretendiendo soslayar el cambio de filosofía en materia de contratación que implica la reciente reforma laboral.
Por todo ello, UGT y CCOO se han dirigido a los Grupos Parlamenterios del Congreso de los Diputados para solicitarle que, en sus respectivos ámbitos de representación y actuación, muestren su apoyo y/o faciliten las actuaciones que pongan en marcha los sindicatos para el desbloqueo del convenio de Prevención.
Igualmente, les piden que desde dichos ámbitos representativos, a nivel legislativo o ejecutivo, impulsen mecanismos para garantizar de forma efectiva el cumplimiento de la normativa laboral y convencional, además de potenciar de forma expresa el cumplimiento de criterios esenciales de responsabilidad social y laboral por parte de las empresas del sector de Servicios de Prevención para el acceso a subvenciones y/o contratación pública.
Carta dirigida a los Grupos Parlamenterios del Congreso de los Diputados